Esto luego de que ayer se publicara en el diario El Peruano el decreto de alcaldía n° 010 que la declara como “zona rígida”.
Según el dispositivo legal que lleva la firma del alcalde Rafael López Aliaga, no se permitirán ambulantes entre las cuadras 5 y 7 de los jirones Junín, Huallaga, Ucayali, Santa Rosa, Cuzco, Puno, así como en los jirones Paruro (entre las cuadras 6 y 13), Ayacucho (entre las cuadras 3 y 8), Inambari (cuadra 7), además de las avenidas Nicolás de Piérola (entre las cuadras 14 y 16) y Abancay (entre las cuadras 2 y 8).
Según comunicaron desde la Municipalidad de Lima, se tenía previsto que, desde la medianoche de hoy, los fiscalizadores ediles junto a los policías debían ingresar a la zona y tomar el control de los alrededores de Mesa Redonda y el Mercado Central.
Señalaron que el incumplimiento de la medida implicaría sanciones, como el decomiso, la inmovilización y la retención de bienes y productos. Además, habrá multas de hasta 2.475 soles, según el cuadro de infracciones de la comuna. La gestión de López Aliaga precisó que a los vendedores ambulantes se les dio un plazo de un mes para que se empadronen, el cual venció el 5 de mayo. Así, según señalaron, se logró inscribir a 5.028 que aceptaron ser reubicados a lugares cercanos para ser por fin formales. Sin embargo, la cifra bajó a más de 4.500 luego de los filtros. Y es que se comprobó que muchos ambulantes eran de las propias galerías.
Hay nula información
En las últimas semanas, el burgomaestre López Aliaga anunció que se usarán algunas zonas que tiene la municipalidad para reubicar a los comerciantes informales y que no pagarían alquiler los primeros tres meses. Sin embargo, Augusto Gatica, dirigente de la Unión de Trabajadores con Discapacidad de Lima (Unitradis), señaló que no han tenido ningún diálogo con él y no saben a dónde irán hoy.
“Solamente hemos escuchado de las noticias, pero nada más. Los locales que se mencionan no son adecuados para una persona con discapacidad. Nosotros iremos (hoy) a trabajar como cualquier día”, indicó. La falta de una campaña de comunicación se evidencia en las quejas de los empadronados al desconocer a dónde irán, advirtió Carlo Ángeles, exregidor de Lima. “Se les debió informar oportunamente. La población también debe conocer que estas zonas suelen ser reguladas por mafias que lucran con la lotización del espacio público”.
FUENTE: LA REPÚBLICA
