Escribe: Andrea Chavez

El 14 de noviembre del 2020, fueron las movilizaciones multitudinarias en todo el país, debido al rechazo del gobierno de Manuel Merino, que asumió tras la vacancia del entonces presidente Martín Vizcarra. Dos manifestantes llamados, Inti Sotelo y Bryan Pintado murieron, supuestamente, por la fuerte represión policial.

A dos años de estos acontecimientos, los familiares de las víctimas denuncian que el Estado ha mantenido una «actitud obstruccionista» en las investigaciones. Además, aprobaron el informe del congresista Alejandro Cavero, que recomendó archivar la denuncia constitucional de la Fiscalía contra Merino y sus exministros Ántero Florez-Aráoz y Gastón Rodríguez, por los sucesos.

Denuncia contra el estado

El abogado de la familia de Inti Sotelo, Carlos Rivera, dijo que presentarán una denuncia contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el transcurso de esta semana, por la «impunidad» que habría generado la aprobación del informe de Cavero.

Asimismo, refirió que «hay pruebas suficientes» para que la corte internacional compruebe la responsabilidad del Estado ante los hechos indicados.

«En un caso tan evidente, donde hay tanta prueba documental y testimonial, es muy probable que la Corte tendrá un fallo condenando al Estado peruano, y eso significará que se abra una investigación a Merino y los exministros”, señaló al diario La República.

Mientras tanto, explicó que la CIDH, revisaría el caso, y podría «emitir un pronunciamiento y hacer recomendaciones» para que se reabran las investigaciones contra Manuel Merino y sus exministros implicados.

Killa Sotelo, hermana de Inti, aseveró que su familia acudirá a dicha instancia supranacional.

“Hay dos procesos que se han abierto. Uno que es a los altos funcionarios que lamentablemente hoy en día el Congreso y que, específicamente, Cavero y compañía los archivaron. En el Perú ya no tenemos mayor justicia, pero vamos a ir a instancias internacionales. Estamos preparando una denuncia para que lo vea la CIDH, para que seamos escuchados», indicó al diario El Popular.

Se debe resaltar, que la investigación preliminar por homicidio agravado contra altos mandos y oficiales de la Policía implicados en el caso, se encuentra paralizada desde hace 4 meses, tras iniciarse en octubre del 2021.

(Fuente: RPP)

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